El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos denunció este lunes que la Administración del presidente Donald Trump volvió a impedir las supervisiones rutinarias en los centros federales de detención de inmigrantes. La decisión ha generado una creciente preocupación entre los legisladores demócratas, quienes denuncian que esta medida obstaculiza la transparencia en el sistema migratorio del país.
Según el comunicado difundido por el grupo, el Departamento de Seguridad Nacional reactivó “en secreto” una política interna que prohíbe el ingreso de legisladores a los centros de detención. Esta restricción contraviene, según los congresistas, un fallo judicial emitido en diciembre pasado que garantizaba su derecho a fiscalizar las condiciones en esos recintos.
Legisladores denuncian falta de transparencia
Además, los doce congresistas que firmaron la denuncia –encabezados por Adriano Espaillat, líder del Caucus Hispano– afirmaron que la medida muestra un intento deliberado del Gobierno de Trump por limitar la supervisión del Congreso. “El pueblo estadounidense merece saber cómo se trata a las personas que están bajo custodia del gobierno”, destacó Espaillat en declaraciones a la prensa.
Los legisladores sostienen que el acceso a los centros de detención es esencial para examinar las condiciones de vida de los migrantes y verificar el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Sin embargo, aseguran que las autoridades federales han levantado nuevas barreras burocráticas para impedir dichas inspecciones.
En ese sentido, el grupo pidió al Departamento de Justicia que intervenga para restablecer su acceso y garantice que no se repitan restricciones similares. Según advierten, la falta de supervisión podría agravar los abusos y las deficiencias ya documentadas en las instalaciones migratorias del país.
Prohibición tras la muerte en Mineápolis
El comunicado también destacó que la renovación de esta política ocurre apenas una semana después del fallecimiento de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que murió por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis. Este caso provocó indignación en el Congreso y en organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Por lo tanto, varios miembros del Caucus intentaron visitar un centro de detención en Minnesota tras el incidente, pero se encontraron con una prohibición expresa emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem. Los legisladores denunciaron que el veto vulnera su labor fiscalizadora y presentaron una apelación ante una corte federal para revertir la medida.
Según fuentes legislativas, el documento de apelación argumenta que el acceso a los centros resulta indispensable “para garantizar que el trato a los inmigrantes sea digno y humano”. La audiencia de ese proceso podría realizarse en las próximas semanas.
Preocupación por muertes bajo custodia del ICE
De acuerdo con datos oficiales del ICE, al menos diez personas fallecieron en centros de detención entre 2024 y 2025 mientras permanecían bajo la custodia de esa agencia. Activistas y legisladores han señalado que el número real podría ser mayor debido a la falta de transparencia en los reportes internos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado estas muertes en documentos públicos alegando deficiencias médicas previas y retrasos en la atención sanitaria.
Además, el Caucus Hispano recordó que informes previos del Congreso ya habían advertido sobre carencias médicas, hacinamiento y condiciones insalubres en varios centros. Por lo tanto, consideran que impedir el acceso de los legisladores “solo agravará los problemas y pondrá más vidas en riesgo”.
Llamado a la rendición de cuentas
Los congresistas planean insistir en que la Casa Blanca revierta la orden y restituya los mecanismos de supervisión independientes. Pese a las tensiones, aseguran que continuarán ejerciendo presión política para lograr que los centros migratorios cumplan con estándares básicos de derechos humanos.
Asimismo, destacaron que la supervisión directa del Congreso es un pilar esencial en el sistema democrático y una herramienta para “evitar abusos de poder”.