El nuevo impuesto del 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos ya está en vigor desde el 1 de enero de 2026. La medida, promovida por el presidente Donald Trump en el Big Beautiful Bill, busca más ingresos para el gobierno. También quiere mejorar el control sobre el dinero que sale del país.
La disposición aplica a todas las personas que realicen envíos internacionales, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, varios analistas advirtieron que el impacto será mayor en las comunidades migrantes de América Latina. Esto es especialmente cierto para las comunidades mexicanas, que dependen de las remesas como su principal fuente de ingreso.
Cómo funciona el nuevo impuesto
El gravamen se aplica como una comisión adicional del 1% sobre el monto del envío. Esta tarifa se cobra al momento de realizar la transacción por medios físicos, como efectivo, cheques o money orders.
Las instituciones financieras y empresas de envío —entre ellas MoneyGram, Ria y Western Union— deberán recaudar el impuesto y reportarlo directamente al Departamento del Tesoro. Además, este pago no afecta la cantidad que recibe el destinatario, sino que se suma al costo total del envío.
Por ejemplo, si una persona envía 500 dólares en efectivo, deberá pagar 5 dólares adicionales por concepto del impuesto. En consecuencia, el monto que llegará al receptor continuará siendo de 500 dólares, pero el remitente asumirá un costo total de 505.
Quiénes están exentos del cobro
El impuesto no aplica cuando las remesas se envían a través de medios digitales o bancarios. Esto incluye transferencias mediante tarjetas de débito o crédito abiertas en Estados Unidos, billeteras digitales como Google Pay, Apple Pay o Vigo Money, así como tarjetas prepagadas de uso internacional.
Algunas compañías han implementado alternativas para evitar este cobro. Western Union, por ejemplo, ofrece una tarjeta especial que permite cargar efectivo y enviarlo de manera electrónica sin aplicar el impuesto adicional. De esta forma, los usuarios pueden mantener el monto íntegro de sus envíos sin pagar la nueva comisión.
Estas opciones comenzaron a ganar popularidad entre los migrantes desde finales de 2025, cuando la ley fue aprobada. Los operadores financieros estiman que, ante el nuevo escenario, una gran parte de los usuarios migrarán hacia plataformas digitales para reducir costos y evitar retrasos en las transacciones.
México, entre los países más afectados
México sigue siendo el país más dependiente de las remesas provenientes de Estados Unidos. Datos recientes del Banco de México revelan que, solo en octubre de 2025, el país recibió 5.635 millones de dólares, una caída anual del 1,7%. Aunque el flujo se recuperó ligeramente respecto a septiembre, la tendencia general se mantiene a la baja.
Entre enero y octubre de 2025, las remesas acumuladas alcanzaron 51.344 millones de dólares, lo que significó un descenso del 5,08% frente al mismo periodo de 2024. Los especialistas atribuyen esta reducción a la combinación de un entorno económico más ajustado y al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la actual administración.
El nuevo impuesto del 1% podría profundizar la contracción del flujo de dinero hacia países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde millones de hogares dependen directamente de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
El plan de México para mitigar el impacto
Ante el inicio de la medida, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha Finabien Paisano, un programa destinado a reducir los efectos económicos de este impuesto.
A través de este sistema, las personas pueden solicitar una tarjeta Finabien en línea o directamente en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Dicha tarjeta permite enviar dinero con una cobertura adicional: si el envío se realiza en efectivo y se aplica el impuesto del 1%, el gobierno mexicano reembolsa automáticamente ese monto al usuario.
“Nuestra tarea es asegurar que las remesas lleguen completas, seguras y accesibles a quienes más lo necesitan, eliminando intermediarios que encarecen el servicio”, explicó Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar, la entidad encargada del programa.
La funcionaria subrayó que la medida busca proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas y evitar que el nuevo impuesto afecte el flujo de dinero hacia las comunidades más vulnerables del país.
Por ahora, el inicio de 2026 plantea un cambio importante en el panorama financiero de millones de migrantes. Mientras las autoridades mexicanas y las empresas de envío buscan soluciones, las familias dependen más que nunca de mecanismos digitales para continuar recibiendo su dinero sin mayores descuentos.