En un movimiento económico sin precedentes, entra en vigor el nuevo impuesto a las remesas salientes.
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El calendario marca el inicio de una transformación estructural en la economía de los hogares migrantes en Estados Unidos. Tras meses de intensos debates en el Capitolio y una firma presidencial cargada de simbolismo el pasado 4 de julio, la ley conocida popularmente como «One Big Beautiful Bill Act» ha cobrado vida legal. Desde la medianoche de este año, muchas ventanillas de agentes de remesas en el país han comenzado a cobrar un nuevo impuesto. Este impuesto se llama «Impuesto a la Seguridad Fronteriza». Este impuesto es del 1% sobre las transferencias de dinero al extranjero que se hacen con instrumentos físicos.
Esta medida, que el Departamento del Tesoro ha codificado bajo la nueva Sección 4475 del Código de Rentas Internas (IRS), representa el primer impuesto federal de su tipo en la historia moderna de la nación. Aunque la propuesta original de la administración Trump tenía un impuesto del 5%, las negociaciones finales en el Senado cambiaron la cifra a un 1%. Esto se hizo para reducir el impacto en el consumo interno. Sin embargo, el objetivo principal se mantuvo: financiar la infraestructura tecnológica y la militarización de la frontera sur con el dinero que sale del país.
El impacto no se ha hecho esperar. En centros de envío de ciudades como Miami, Los Ángeles y Houston, los carteles informativos de empresas como Western Union y MoneyGram ya notifican a los usuarios que el costo de su envío habitual ha cambiado. Para un trabajador que envía 500 dólares a su familia en México o Centroamérica, el sistema retiene 5 dólares. Esto es un nuevo cargo federal. Es una realidad que, según analistas financieros, redefine el «costo de oportunidad» para la población más vulnerable y menos bancarizada de los Estados Unidos.
¿Cómo funciona exactamente el nuevo impuesto a las remesas?
La mecánica del impuesto es específica y busca, en teoría, fomentar la transición hacia una economía totalmente digital y rastreable. El gravamen del 1% se aplica exclusivamente a las remesas cuyo origen sea un «instrumento físico». Esto incluye los envíos realizados con dinero en efectivo, cheques de caja, giros postales (money orders) y otros documentos físicos similares. La ley establece que es responsabilidad del «proveedor de remesas» realizar la retención al momento de la transacción y reportar trimestralmente al IRS.
Para el usuario, el proceso es directo pero costoso. Al momento de presentarse en una ventanilla de servicios financieros, el agente debe informar el monto del impuesto antes de procesar el envío. Es importante señalar que, según las reglas actuales, este impuesto se suma a las tarifas de servicio de las operadoras. Esto podría aumentar el costo total de un envío pequeño entre un 8% y un 10% de su valor. Esto afecta más a quienes envían pequeñas cantidades cada semana.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado hoy que los fondos recaudados a través de esta vía serán depositados en un fideicomiso dedicado exclusivamente al «Fondo de Seguridad y Soberanía Fronteriza». Este fondo ayudará a poner sensores de inteligencia artificial. También servirá para ampliar el muro en áreas importantes. Además, se usará para mantener al personal extra de la Patrulla Fronteriza. Este personal fue contratado en el primer año del segundo mandato de Donald Trump.
¿Quiénes están exentos de pagar este gravamen federal?
A pesar de la rigurosidad de la ley, existen canales legales para evitar el pago de este impuesto, una estrategia diseñada por el Congreso para incentivar la integración de los migrantes al sistema financiero formal. Según las guías del Tesoro, están exentas todas las transferencias de dinero. Esto incluye las que vienen de una cuenta bancaria estadounidense. También se incluyen las transferencias hechas con tarjetas de crédito o débito de bancos regulados en el país.
Esta distinción crea una brecha inmediata entre los migrantes con estatus legal o acceso a la banca y aquellos indocumentados o trabajadores temporales que viven en una economía basada en el efectivo. Organizaciones como Alianza Americas han denunciado hoy que esta política es «regresiva». Dicen que penaliza a quienes no tienen seguridad social o identificación válida. Esto les obliga a pagar por la seguridad fronteriza. En muchos casos, esto dificulta su propia movilidad.
Por otro lado, la adopción de billeteras digitales y stablecoins ha visto un repunte masivo en las últimas horas de 2025. Dado que las transferencias cripto-nativas o aquellas realizadas a través de apps vinculadas a cuentas bancarias no se consideran «instrumentos físicos», muchos usuarios han optado por estas alternativas. Sin embargo, la falta de alfabetización digital en las comunidades rurales receptoras en América Latina sigue siendo el principal obstáculo para que esta exención beneficie a la mayoría de las familias.
¿Qué impacto tendrá esta medida en México y Centroamérica?
La reacción internacional ha sido de cautela y preparación. En México, el país que más remesas recibe desde Estados Unidos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha activado el programa «Finabien Paisano». Este servicio, que es operado por Financiera para el Bienestar, ayuda a los migrantes. Ellos pueden usar una tarjeta digital para sus envíos. El gobierno mexicano ha prometido reembolsar el costo del impuesto federal de EE. UU. Esto es para quienes usen sus canales oficiales. El objetivo es ayudar a las familias que reciben el dinero.
Para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las remesas representan entre el 15% y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), el riesgo es más agudo. Economistas de la CEPAL advierten que un impuesto del 1%, aunque parezca pequeño, podría generar una contracción del consumo en comunidades donde cada dólar es vital para la alimentación y la educación. Se estima que, solo en su primer año, el impuesto podría extraer más de 700 millones de dólares de la economía regional, dinero que dejará de circular en los mercados locales de América Latina.
Finalmente, el debate político en Washington no ha terminado. Mientras la Casa Blanca celebra el cumplimiento de una promesa de campaña que «pone a Estados Unidos primero», legisladores de la oposición han anunciado que llevarán la constitucionalidad de la Sección 4475 ante las cortes federales. Argumentan que el impuesto viola tratados internacionales de libre comercio y derechos fundamentales de propiedad. Mientras la batalla legal inicia, la realidad en las cajas de envío es clara: a partir de hoy, enviar dinero a casa tiene un nuevo precio político y fiscal.