Agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y rociaron irritante en los ojos contra activistas en Minneapolis mientras estudiantes abandonaban escuelas en protesta por las redadas migratorias de la administración Trump. El uso de fuerza letal ha generado una escalada de tensiones en todo el estado. Minnesota, Minneapolis y St. Paul demandaron al gobierno federal para detener o limitar la operación de más de 2,000 agentes de inmigración desplegados en la región.
¿Qué sucedió durante las protestas en Minneapolis?
Nubes de gas llenaron una calle de Minneapolis cerca del sitio donde Renee Good, de 37 años, fue fatalmente baleada por un agente de ICE la semana anterior. Un hombre se frotaba los ojos con nieve mientras gritaba pidiendo ayuda. Mientras tanto, agentes en un Jeep sin identificación rociaban un irritante naranja y se alejaban del lugar de la confrontación.
Es cada vez más común que la gente abuchee y suene silbatos cuando ve pasar a agentes fuertemente armados en vehículos sin identificación caminando por las calles de Minneapolis. Un hombre con una bolsa de silbatos naranja gritaba: «¿Quién no tiene silbato?», invitando a otros manifestantes a unirse a la protesta audible contra la presencia federal.
Brita Anderson, residente del área que acudió a apoyar amigos del vecindario, expresó estar «indignada» al ver a agentes con equipo táctico y máscaras de gas. Se preguntaba sobre el propósito real de su presencia. Dijo: «Sentí que la única razón por la que vendrían aquí es para acosar a la gente». Su preocupación refleja el sentimiento generalizado entre los residentes locales sobre los operativos migratorios.
En Brooklyn Park, estudiantes protestando contra la operación de control migratorio abandonaron la escuela. Esto replica acciones similares en otras escuelas del estado durante esta semana. El movimiento de estudiantes representa una respuesta generacional a lo que muchos perciben como una invasión federal de sus comunidades.
¿Cuáles son los argumentos de Minnesota?
Minnesota, junto con Minneapolis y St. Paul, demandó al gobierno de Trump el lunes para intentar detener o limitar el incremento de operativos migratorios. La demanda presentada sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Primera Enmienda. Otras protecciones constitucionales también se ven afectadas al enfocarse en un estado progresista que favorece a los demócratas y da la bienvenida a los inmigrantes.
Keith Ellison, fiscal general del estado, fue directo en su crítica. «Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse», afirmó. Su lenguaje enfatiza la percepción de que la operación representa un ataque coordinado contra la jurisdicción estatal.
Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, también expresó preocupación sobre el impacto en la vida cotidiana: «Lo que estamos viendo son miles —en plural— miles de agentes federales entrando en nuestra ciudad. Y, sí, están teniendo un impacto tremendo en la vida cotidiana». Sus palabras subrayan la escala sin precedentes del despliegue federal en la región.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que más de 2,000 agentes de inmigración serán enviados a Minnesota. ICE lo ha descrito como su mayor despliegue hasta la fecha. Esta concentración de recursos federales representa una escalada significativa en los operativos migratorios nacionales.
¿Cómo respondió el gobierno federal a la demanda?
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, acusó a las autoridades de Minnesota de ignorar la seguridad pública al oponerse a los operativos. Defendió el despliegue federal afirmando que el trabajo del presidente Trump es «proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado».
El gobierno de Trump ha defendido repetidamente al agente de inmigración que disparó contra Renee Good, diciendo que actuó en defensa propia. Sin embargo, esa explicación ha sido ampliamente criticada por Frey, Tim Walz y otros funcionarios. Se basan en videos de la confrontación que muestran una realidad diferente.
Según reportes, el Departamento de Seguridad Nacional ha realizado más de 2,000 arrestos en el estado desde principios de diciembre. Prometen no retroceder en sus operativos. Esta postura firme del gobierno federal contrasta agudamente con la resistencia local creciente.
¿Qué respuestas legislativas se están considerando?
Dos legisladores demócratas de Massachusetts anunciaron que están patrocinando un proyecto de ley para facilitar que las personas demanden y superen las protecciones de inmunidad para agentes federales acusados de violar derechos civiles. Sin embargo, el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado en un Congreso controlado por republicanos.
En Wisconsin, la vicegobernadora Sara Rodríguez propuso que el estado prohíba operativos migratorios alrededor de tribunales, hospitales, clínicas de salud, escuelas, iglesias y otros lugares sensibles. Ella espera suceder al gobernador Tony Evers, colega demócrata que no se postula para un tercer mandato. Esto sugiere una posible continuidad de políticas opuestas a los operativos de ICE en la región.
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