El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia como el día en que la geopolítica de las Américas dio un giro drástico y alarmante. Tras meses de una creciente acumulación de fuerzas militares en la región, las fuerzas armadas de los Estados Unidos ejecutaron ataques contra múltiples objetivos en Venezuela. Poco después de la ofensiva, el presidente Donald Trump anunció la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Aunque el impacto político es inmediato, el costo humano de la operación permanece en la sombra; hasta el momento, el número de heridos y fallecidos durante estas incursiones quirúrgicas es desconocido, generando una atmósfera de incertidumbre y temor en Caracas y el resto del continente.
Esta acción militar no solo ha sacudido las estructuras de poder en Venezuela, sino que ha puesto en tela de juicio la arquitectura legal de los Estados Unidos. La administración Trump llevó a cabo los ataques sin la autorización previa del Congreso, violando flagrantemente los límites constitucionales sobre los poderes de guerra del presidente. Más allá de las fronteras estadounidenses, expertos legales coinciden en que estas acciones violan el derecho internacional. Al no haber una amenaza clara ni una razón fuerte para defenderse, la intervención es un acto unilateral de fuerza. Esto desafía los tratados que han mantenido el orden global por casi un siglo.
La respuesta de organizaciones de derechos humanos no se ha hecho esperar. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), que durante años ha denunciado los abusos del gobierno autoritario de Maduro, ha tomado una postura firme. WOLA reconoce que los venezolanos votaron por un cambio democrático el 28 de julio de 2024. Esta voluntad fue ignorada por Maduro con represión. La organización advierte que usar la fuerza militar de manera unilateral es peligroso. Venezuela es el único país de la región con una investigación en la Corte Penal Internacional. Esta investigación es por crímenes de lesa humanidad. Ahora, el país enfrenta un escenario complicado. La violencia extranjera podría empeorar su crisis humanitaria.
¿Cuáles son las implicaciones legales y constitucionales de la incursión estadounidense?
El fundamento jurídico de esta intervención es, en el mejor de los casos, inexistente. La Constitución de los Estados Unidos le da al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra. Esta es una prerrogativa que la administración actual ha ignorado para actuar rápidamente con fuerza militar. Esta elusión del control legislativo debilita los frenos y contrapesos democráticos, otorgando al Ejecutivo un poder discrecional sobre la vida y la muerte en el extranjero. Los juristas internacionales dicen que la Carta de la ONU prohíbe usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En este caso, Washington no ha mostrado pruebas de una agresión previa que justifique tal respuesta según el artículo 51 de la carta.
El vacío legal se extiende a las justificaciones éticas de la operación. Aunque el gobierno de los Estados Unidos argumenta que la extracción de Maduro busca restaurar la democracia, el método utilizado sienta un precedente donde cualquier potencia puede intervenir militarmente bajo su propia interpretación de la justicia. WOLA ha enfatizado que los venezolanos merecen una transición pacífica y el respeto a sus derechos fundamentales, pero estos no pueden ser «exportados» a través de misiles y fuerzas especiales sin el respaldo de la comunidad internacional y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre naciones soberanas.
¿Y la transparencia?
La opacidad en cuanto a las bajas civiles y militares durante la captura de Maduro agrava la situación. La falta de transparencia impide evaluar si se respetaron los principios de proporcionalidad y distinción que exige el Derecho Internacional Humanitario. En un país que ya enfrenta una emergencia humanitaria, un conflicto armado puede causar más problemas. Aunque sea breve, este conflicto puede hacer que los pocos servicios básicos que quedan se colapsen. También puede aumentar el desplazamiento forzado de personas. Esto desestabiliza aún más a los países vecinos que ya tienen millones de migrantes.
¿Representa este ataque el regreso de la «diplomacia de cañonero» a América Latina?
La captura de Maduro no es un evento aislado, sino el punto culminante de una política exterior cada vez más agresiva. Desde el 2 de septiembre de 2025, hubo un ataque a un barco relacionado con el tráfico de drogas. Desde entonces, WOLA ha contado 32 ataques militares de Estados Unidos. Estos ataques ocurrieron en el Caribe y el Pacífico Oriental. Estos operativos han resultado en al menos 115 muertes que, según la organización, constituyen ejecuciones extrajudiciales y un uso unilateral de la fuerza letal sin justificación. Muchas afirmaciones de la administración para justificar estas acciones como operaciones antinarcóticos han sido desmentidas. Esto se basa en información de observadores independientes.
Este retorno a la «diplomacia de cañonero» —el uso de la intimidación militar para lograr objetivos políticos— daña la posición de Estados Unidos en el escenario global. Al ignorar las instituciones multilaterales y actuar solo, Washington aleja a aliados importantes. Ellos ven con desconfianza el regreso de prácticas intervencionistas del siglo XIX. La desconfianza sembrada en la región dificultará la cooperación futura en temas vitales como el comercio, el cambio climático y la propia seguridad regional, ya que muchos gobiernos latinoamericanos ven en esta acción una amenaza potencial a su propia soberanía.
El peligro de este precedente es que normaliza la resolución de conflictos políticos mediante la fuerza bruta. Si bien la administración actual celebra la captura de Maduro como un éxito logístico, la comunidad internacional observa con alarma cómo se erosionan las normas de no intervención. Esta política puede polarizar más a la región. Esto crearía un ambiente de inestabilidad y resentimiento. Otros actores globales podrían aprovecharse de esta situación. Ellos están interesados en desafiar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
¿Qué riesgos de desestabilización regional genera la captura de Nicolás Maduro?
Las alertas han sonado en los niveles más altos de la diplomacia mundial. Tanto el Secretario General de la ONU como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su profunda alarma ante las acciones de la administración Trump. El temor principal es que la intervención genere un vacío de poder caótico o una insurgencia que prolongue el sufrimiento del pueblo venezolano. La polarización regional está en su punto más álgido, con gobiernos divididos entre el apoyo a la medida por su deseo de ver caer a Maduro y la condena por el método ilegal utilizado por Estados Unidos.
Es imperativo que los esfuerzos de los venezolanos y de la comunidad internacional se enfoquen ahora en la desescalada de las tensiones. La protección de los civiles debe ser la prioridad absoluta en los días venideros. Las autoridades de facto que aún permanecen en Venezuela tienen la obligación de respetar la vida y la integridad de la sociedad civil, permitiendo el derecho a la protesta pacífica. También se pide la liberación inmediata e incondicional de los cientos de prisioneros políticos. Ellos están bajo custodia estatal y su seguridad es más precaria en medio del caos actual.
La intervención unilateral no garantiza una transición democrática exitosa; por el contrario, a menudo la complica. La historia ha demostrado que los gobiernos impuestos o facilitados exclusivamente por fuerzas externas suelen carecer de la legitimidad necesaria para gobernar a largo plazo. Sin un proceso de negociación que incluya a todos los sectores de la sociedad venezolana, hay un gran riesgo. Este riesgo es que surja un nuevo autoritarismo o una guerra civil. Esto podría llevar a una larga presencia militar extranjera. Ni el pueblo venezolano ni el contribuyente estadounidense quieren eso.
¿Cuál es el papel del Congreso y el futuro de la política exterior en la región?
WOLA y otras organizaciones civiles hacen un llamado urgente a la administración para que ponga fin a las acciones unilaterales y respalde un proceso de negociación centrado en los derechos humanos. El futuro de Venezuela debe ser decidido por sus ciudadanos, con el apoyo de una comunidad internacional que actúe bajo el paraguas de la legalidad. Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos debe reafirmar su poder constitucional para autorizar el uso de la fuerza letal y exigir respuestas inmediatas sobre las implicaciones de estas acciones militares.
La transparencia es fundamental en este momento crítico. El legislativo estadounidense tiene la responsabilidad de investigar las consecuencias de estos ataques para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. La política exterior hacia América Latina no puede basarse en impulsos militares, sino en una estrategia coherente que promueva la estabilidad, el desarrollo y el respeto mutuo. El costo de dejar el orden internacional basado en normas es muy alto. Las consecuencias de esto, el 3 de enero de 2026, se sentirán por generaciones. Es importante volver al camino de la diplomacia y el derecho.
En conclusión, la remoción de Nicolás Maduro mediante la fuerza unilateral de Estados Unidos es un evento de consecuencias impredecibles. Mientras se celebra el posible fin de una era de abusos en Venezuela, no se puede ignorar que el método empleado ha sido temerario y peligroso. La reconstrucción de Venezuela requiere justicia, paz y legitimidad, elementos que solo pueden nacer de un proceso democrático genuino y del respeto absoluto a las leyes internacionales que protegen a todas las naciones del uso arbitrario del poder.